Importantes cineastas peruanos han criticado con dureza la nueva Ley de Cine, aprobada la pasada semana, que a través de una reducción de ayudas a películas de determinadas temáticas u orígenes consideran cercena la libertad de expresión en el país. La actriz, activista y congresista del Partido Morado, Susel Paredes, consideró que con la nueva norma "se ha instalado una dictadura de una mayoría congresal que les está quitando libertades y derechos a los peruanos".

Bajo el supuesto intento de "crear mecanismos de incentivo económico para fomentar la actividad cinematográfica y audiovisual" lo que la ley recién aprobada por el Congreso hará en la práctica es -según los cineastas peruanos- complicar el financiamiento público de películas que relaten las violaciones de derechos humanos en la época del terrorismo y del presidente Fujimori, a la vez que limitaría el presupuesto para el cine de autor, regional e indígena, uno de los más pujantes y con éxitos internacionales en los últimos años.

Significativas figuras del cine nacional, con participación notable en festivales internacionales, reaccionaron públicamente. En declaraciones a La República, Melina León, directora de Canción sin nombre y primera directora peruana en participar en el Festival de Cannes, como vocera del colectivo En Defensa del Cine Peruano, expresó: "No le hagan ese daño a los artistas de regiones. Ustedes mismos, señores congresistas de regiones, les están recortando el presupuesto, las alas, los sueños, las ideas, las carreras a sus propios paisanos".

Precisamente uno de los significativos directores que filman en aimara, Tito Catacora (Yana-Wara) añadió que "uno no puede ser artista cuando te limitan, ese es el problema. Te limitan, te parametran. ¿Qué vamos a ser nosotros? ¿Unos sometidos? No va a haber esa libertad de poder explorar sobre nuestra historia, sobre diferentes temas. Eso ocurre con los gobiernos nefastos, donde reina el racismo".

"El hecho de hablar, por ejemplo, sobre masacres de las que fueron responsables los militares no significa que estén atentando contra la seguridad nacional. Quienes han atentado contra la seguridad nacional serían ellos", reafirmó Melina León.

Por su parte, el cineasta de carrera internacional Luis Llosa, en declaraciones a Canal N, manifestó su preocupación ante las acciones que ha cometido el Parlamento y mostró su rechazo a la modificación de la iniciativa que fue aprobada vía Decreto de Urgencia hace dos años. En su opinión, ahora el Estado peruano deberá revisar los guiones para verificar ciertas características, lo que considera claramente "una restricción a la libertad creativa".

El reconocido documentalista peruano afincado por años en España, Javier Corcuera, cree que "le quieren poner un bozal al cine nacional. Es una raya más tigre de este Congreso y del Gobierno. A la ultraderecha nunca le ha gustado la cultura ni el cine porque nosotros como observadores de la realidad, ya sea desde la ficción o desde el documental, construimos relatos de memoria".

La nueva Ley de Cine establece en uno de sus artículos que no podrán beneficiarse de los estímulos económicos "aquellas obras cinematográficas y audiovisuales destinadas a pautas publicitarias, propaganda electoral o en beneficio directo de una organización política: ni aquellas que atenten contra el Estado de derecho, así como aquellas que contravengan la defensa nacional, la seguridad o el orden interno del país; o vulneren los principios reconocidos en la Constitución Política del Perú y el ordenamiento jurídico peruano". Los cineastas consideran demasiado ambigua esta expresión y un riesgo serio de censura según el gobierno en el poder.

"Ninguna Ley de Cine de ningún país del mundo tiene un cláusula de esta naturaleza porque no se puede condicionar la creación", comentó Norma Velásquez, presidenta de la Asociación de Productores Cinematográficos del Perú (APCP).

Por su parte, la Congresista impulsora de la norma recién aprobada, Adriana Tudela (Avanza País) aseguró que "si alguien quiere realizar un proyecto cinematográfico, película, corto, que vaya en contra del Estado de derecho, que tenga un motivo revolucionario, están en plena libertad de hacerlo pero con fondos particulares y no con fondos de todos los contribuyentes".